UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA QUE MAS DE 200 JOVENES SIGAN ESTUDIANDO EN UNIATLANTICO (COLOMBIA)

Por RAFAELCASTILLO PACHECO.
Vale la pena pasarle un vistazo a la protesta que un grupo numeroso de estudiantes viene realizando hace varios días, luego de conocerse la decisión que tomaran las directivas de la Universidad del Atlántico de no acceder a la solicitud de nuevos plazos para poder cumplir ellos con el requisito de matrícula. El asunto pasaría inadvertido, si no fuera por el significativo número de jovenes que están involucrados en el problema.

Es un hecho cierto , que los estudiantes en conflicto terminaron su calendario académico del semestre ,dado que habían cumplido la primera fase del proceso como es la matricula académica, circunstancia que les creaba la condición de poder aparecer en los listados de sus cursos para que los docentes pudieran procesarles sus evaluaciones. En este interregno los educandos estuvieron demandando servicios administrativos, consumiendo servicios públicos, usufrutuando los conocimientos impartidos por el docente, ocuparon SILLAS y salones que la Universidad se ve forzada a negar a mas de 5OOO personas que quedan semestralmente sin opción de ingresar a ese centro académico, lo que en términos de costos de oportunidad, para universidad y estudiantes es sumamente alto.

No es discutible la importancia que tiene la aplicación del estatuto estudiantil, pero hay principios vectores de rango constitucional connaturales a la administración pública de útil apelación para resolver casos similares, como son los de eficiencia, eficacia y economía. Los recursos financieros y logísticos en la Universidad Pública son escasos, luego el fin debe ser buscar su mayor optimización, evitando que ella misma vuelva a repetir la inversión que ya realizó en el momento en que los tuvo en sus aulas de clases, promoviéndolos a semestres superiores los que cumplieron con su plan de estudios satisfactoriamente. Se debería elaborar, además, un plan de seguimiento integral, ante la alarma generada para que estos jóvenes hagan parte del 15% de los nacionales colombianos que logran terminar su ciclo de educación con un título de educación superior. Ahora, la decisión por el contrario, impide que la Universidad no reciba unos 64 millones de pesos que podría costar el valor de la matricula de los afectados, porque que hay que decir que ellos no están pidiendo exoneración, sino están renovando unos deseos inmensos de concluir sus carreras.

La forma como se ha resuelto el asunto, afectando intereses de estudiantes y de la Universidad, es planteando un galimatías estudiante o estatutos. A mi juicio en un contexto más amplio si los estudiantes son el centro del proceso de enseñanza - aprendizaje, el galimatías resultante sería entre el cumplimiento rígido de la norma frente a la sensibilidad humana que garantiza el derecho a la educación de jóvenes que en un 85% pertenecen a los estratos 1, 2, y 3, como es el caso de las personas que reciben formación en la Universidad. La alternativa que buscar más bien, programas que les den sostenibilidad a los estudiantes de condiciones económicas difíciles, para optimizar el costo que anualmente invierte el Estado por estudiante en la Universidad que se acerca a los seis millones de pesos por año. Los ingresos menguados de las familias de estos estudiantes son una barrera, que se debe comenzar a derribar con iniciativas como las adoptadas por las Universidades de Santander y Guajira en las cuales las matriculas son financiadas por sus departamentos. Si más de la mitad de los estudiantes son residentes en Barranquilla, creo que las dos entidades territoriales, el Distrito y el Departamento del Atlántico podrían sufragar los costos de la matricula que por año podrían ser del orden de los 7 mil millones de pesos.

Contrario a considerar que unas matriculas de bajos costos relativos pudieran ser los únicos incentivos para paliar la problemática de deserción que alcanza el preocupante índice del 48% en el país, se ha concluido que ni siquiera esto es suficiente, porque universidades de rango mundial y nacional, están trabajando en la elaboración de incentivos académicos, psicológicos y también económicos para conjurar el problema de cobertura del 35.% que de acuerdo con el Ministerio de educación se alcanza en Colombia. Los problemas de “fallos en el mercado” como es el caso de demanda efectiva de los estudiantes, se tienen que resolver con el Principio de utilidad social planteado por el PNUD en el estudio “EDUCACION LA AGENDA DEL SIGLO XXI” en el que se señala la importancia de “financiar las funciones que los particulares no terminarían de financiar por sí solos la preparación del recurso humano para ciencia y tecnología)”

Para entender la magnitud de lo que está en juego, es conveniente remitirse al estudio “ ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR OLOMBIANA CON BASE EN EL SPADIES(Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción –SPADIES) recientemente publicado por el Ministerio de Educación y que adelantara por solicitud de éste, la Universidad de los Andes . En gran medida se hace una ponderación de los factores que impactan los procesos educativos, entre los que sobresalen los académicos y financieros. El documento muestra cómo los factores económicos están ligados al rendimiento de estudiantes, cuáles son las regiones donde estos elementos tienen una mayor repercusión, al tiempo que mide los grados de correlación existentes entre las variables financiera y las pruebas ECAES.

El documento muestra que las instituciones con los más bajos niveles de deserción estudiantil, son las que mejor puntaje obtienen en las pruebas ECAES. Al mismo tiempo, se puede observar entre los departamentos en donde se consiguen los resultados más bajos en las pruebas mencionadas, está el Atlántico con 94.6 puntos que sólo supera nacionalmente a Cauca, Sucre y Guajira, mientras entre los de altos rendimientos en las pruebas ECAES, está Antioquia con 103.5 puntos, Valle del Cauca con 102.72

En definitiva se tiene que avanzar en la construcción de estrategias integrales de políticas educativas que se sustenten sobre planes inclusivos como los subsidios alimentarios, o de carácter económico que ayuden a financiar a los estudiantes los textos, el transporte y necesidades elementales como la vivienda a la par de incentivos de tipo académicos y psicológicos. La implantación de estos programas son generosos por sus resultados, tal cual los evidencia el mencionado estudio cuando compara el puntaje obtenido en los exámenes ECAES de quienes recibieron apoyo financiero que obtuvieron 102.32 de puntaje promedio contra 100.59 de los que no les fue otorgado. La diferencia es la significativa cifra de 1.73 puntos. Cuando el apoyo financiero es otorgado durante cuatro semestres o más en las instituciones oficiales una permanencia del 91% en segundo semestre y del 75% en décimo; entretanto los que no reciben apoyo financiero, su permanencia en el último semestre es del 33%.

La Educación Superior y la Universidad no son bienes privados sino bienes públicos sociales. Es decir, instituciones han surgido y se explican en función de la sociedad. El ministro de Educación de Brasil, Fernando Hadad, al respecto señala que en cuanto la educación sea considerada como un bien público se convierte en un derecho humano fundamental. En ese sentido vale la pena citar la Declaración Mundial Sobre Educación Superior de 1.998 que en su artículo 4 reza: “los Estados Partes se comprometen a "hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior". Así como en la DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE incorpora el tema de la “misión social, como un tercer pilar de la Universidad latinoamericana a lado de la formación académica y la investigación. El nuevo rostro universitario recogido en lo que se llama responsabilidad social de la Universidad se fundamenta en cuatro procesos: Formación, Investigación, participación social y gestión institucional en esos campos.

PARA ENFRENTAR EL CRIMEN EN EL ATLANTICO LA SEGURIDAD DEMOCRATICA NO SERA SUFICIENTE

POR : RAFAEL CASTILLO PACHECO

No le está quedando fácil a los altos oficiales de la Policía explicar creíblemente el ascenso cruento que alcanzan las cifras de criminalidad en el país, ahora que en las principales ciudades, se disparan los delitos contra la integridad y el patrimonio que dejan traslucir que la Política de Seguridad Democrática, neutralizó buena parte del crimen en las zonas rurales y carreteras, pero está exhibiendo a nivel urbano inquietantes grietas que cada vez se hacen más notorias en sus profundidades y en sus anchuras.

Uno de los reclamos que hacen los Colombianos de 13 grandes centros urbanos, es la poca contención que tiene el delito de homicidio que este años escala niveles preocupantes de incrementos con un 10.8% en el acumulado Enero- Junio del presente año, que generaron 577 homicidios más que en el 2.007 de ese mismo periodo (6.833 vs 7.410). En el caso de Atlántico si bien, las cifras reveladas muestran un ligero descenso de tres puntos porcentuales, la cifra acumulada de 279 no deja de ser inquietante, pues en Barranquilla se disparó en 12 casos más, con reducciones notables en Soledad y Malambo. El interrogante que resulta, es sino se está cambiando solo el escenario del crimen.

En un artículo que escribí hace 4 años daba cuenta de dos grandes franjas, en donde se estaban presentando los homicidios, y que es el mismo que en términos generales menciona Alfredo Palencia en su intervención en el Foro sobre seguridad celebrado recientemente. Los barrios donde estos tienen una mayor manifestación son dos franjas: La que conforman Rebolo, -San Roque, La Chinita, El Ferry y Simón Bolívar, allí en ese corredor se han cometido 41 homicidios; y la otra franja de Santo Domingo y el bosque con otros 16 homicidios. Siendo evidenciados, me pregunto los lugares y los eventos por qué no se tienen unos resultados más elocuentes en materia de prevención y contención. El 25 por ciento de los homicidios se concentra en 7 barrios de la ciudad.

Para el Gobierno Nacional no han sido nada digerible los estudios, cada vez mas coincidentes, que muestran la manera como se ha ido desplazando los factores de violencia del área rural colombiana a las ciudades, y como la agenda “antiterrorista” se va quedando rezagada, frente a las múltiples y variadas formas de criminalidad que se toman las ciudades, donde ya se presiona por aplicación de políticas públicas orientadas al tema de la seguridad ciudadana que involucren en el tratamiento de la problemática el tema del bienestar de los ciudadanos, acciones que tengan que ver con la calidad de vida de sus habitantes, la dignidad humana en términos de liberad, acceso al mercado laboral y la creación de oportunidades sociales.

Recientemente en una estación radial, el general Naranjo, se defendía señalando que estamos lejos de los índices de criminalidad de los años 90s de 45 muertes por cada 100 mil habitantes, que sus hombres están operando en el desmonte de las cabecillas de las grandes organizaciones criminales. La Policía está actuando dice su comandante, pero la delincuencia también, con un ingrediente de dinámica superior porque de forma continua “reinventa” los modos de delinquir, para los que poco aplican los recetarios de siempre que salen de los Consejo de Seguridad. No es cuestión de ver las estadísticas de forma lacónica, cosa que comparto, pero en todas las ocasiones General, no cuando nos desfavorecen o cuando el dedo no alcance para tapar el sol.

Quien nos salió general, fue el Brigadier Oscar Páez, Director de Seguridad ciudadana de la Policía, quien vino el viernes pasado a un foro sobre seguridad realizado en el Hotel del Prado. Cuando varios de los asistentes estábamos esperando conocer las variantes estratégicas definidas para enfrentar la presente coyuntura de criminalidad en Barranquilla, el Oficial en presencia de autoridades y ciudadanos, con cierto aire político no hizo sino felicitarnos por la iniciativa del Foro, dejó frases de aliento como vamos bien, y hasta nos exhorto a elegir buenos gobernantes. El problema, también para el General Páez, es que hay una lectura plana de la información Estadística, que muchas veces se tiene la percepción, pero los eventos no tienen ocurrencia y le da cierta subjetividad al análisis. La intervención del Genera la tomé como un somnífero.

Con los estudios de percepción se visualiza la manera como las personas miran a sus localidad en asuntos como el riesgo en seguridad y violencia, los miedos que las envuelven y los sitios que identifican como peligrosos. Debo advertir que lo que genera la percepción de los ciudadanos son los hechos, no la tozudez de las interpretaciones académicas o ideológicas. Por eso creo importante citar un estudio que sobre el tema hizo la Fundación Seguridad y Defensa, sobre percepción en 6 ciudades del que resultan cosas preocupantes. Allí el 67% de los entrevistados dijeron que la ciudad es insegura, y apenas un 2% dijo que era segura. Entretanto un 46% en la institución que mas confían es la Fiscalía y el 23% que sigue señalan que no confían en ninguna institución. El nivel de confianza en la Policía es del 50%, según se revela.

Quiero finalmente recordarle a los lectores los programas que ha puesto Bogotá en los doce últimos años para alcanzar la tasa de homicidios que hoy tiene de 17 por cada 100 mil habitantes: Zonas Seguras, Tolerancia Cero, Ventanas rotas, Hora Zanahoria, Hora Optimista, capacitación de policías, Escuela de Seguridad Ciudadanas, Frentes de Seguridad, Comité de Vigilancia Epidemiológica, Bogotá Sin Hambre, y por supuesto los planes desarme que en tan buen tiempo se propone. Que vamos a hacer los Atlanticenses con un indicador 32 por cada 100 mil para llegar a guarismos parecidos?

http://rafaelcastillopacheco.blogspot.com/

COLOMBIA: LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES, TIENE POCO DE ESPECIAL PARA LAS EPSs Y EL ESTADO

POR: RAFAEL CASTILLO PACHECO

Es cierto que los niños con discapacidades cognitivas son tiernos, lindos y maravillosos, pero también es cierto que son los más desprotegidos, rechazados y abandonados porque las posibilidades de realización de forma digna, son escasas y maltrechas.

A los padres y madres de estas criaturas especiales siempre se les alienta diciéndoles que contienen un mundo de bendición. No lo dudamos, creo que en otros seres humanos se repita un alma tan casta, sin encrucijadas, con un corazón indulgente, como el de estos seres, alejados de toda tentación e impregnados de una gran apacibilidad

Desde que llegan al mundo, comienzan un periplo de vicisitudes, que comienza con la suerte de progenitores que la vida les ha dado y con un Estado que no es el de Canadá. Tal vez si, tal vez no estarán conscientes del estribillo que oirán recitar, como que sus derechos prevalecen sobre los adultos, según lo preceptúa el artículo 44 de la carta, o el artículo 47 que autoriza a la atención especializada a los disminuidos físicos, o como lo reseña la Declaración de los derechos del niño, o el cántico contenido en las políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia

Es una verdadera fortuna encontrar a padres que se apropien de sus dificultades, porque no falta quienes opten por aislarlos, maltratándolos cuando no responden como los otros de la casa o de la cuadra. También hay quienes tienen padres y madres sensatos, pero muy pobres, que les ofrecen poco a estas personas, porque no tienen los medios, o desconocen las normas que defienden los derechos de estos humanos.

Las madres de niños Y niñas especiales consientes de su responsabilidad, son verdaderos ejemplos de lucha y de heroísmo: Concentran buena parte de la atención en estas personas, optan por lo regular por el trabajo casero, renuncian muchas veces a cualquier posibilidad de desarrollo profesional o laboral, se concentran en los procesos terapéuticos y están entrenadas para patinar, tramitar, publicitar y tutelar los derechos que atañen a sus hijos.

Los niños normales, como se identifican a los que no tienen estas patologías, encuentra en buena parte oportunidades en sus lugares de hábitat, pueden tener acceso a una escuela casi gratuita, espontáneamente encuentran una autoridad que les brinda un desayuno, lo inscriben en el régimen subsidiado y en una consulta médica se ganan un Ibuprofeno.

La niñez que de forma perenne subsiste en ellos, los vuelve seres indefensos, que no alcanzan mentalmente a crecer como para reclamar sus derechos, como puede hacerlo un enfermo de SIDA. Esto es una ventaja para las empresas aseguradoras que recibieron por delegación estatal el manejo de la salud, porque ellos son frágiles peleando por su propia causa, y aunque tienen padres que lo pueden defender, no todos lo hacen, y en buena medida los que se atreven en alto porcentaje terminan otorgándoles baratijas o tratamientos discretos; mientras otros no tienen quienes por ellos reclamen, porque sus hacedores los abandonaron una vez vinieron al mundo.

Las madres que presionan por la rehabilitación integral de su hijos e hijas, lo hacen por la circunstancias que enfrentan de no poder pagar los medicamentos y los procesos terapéuticos que demanda una atención de esta naturaleza: Los niños y niñas no encuentran en el barrio, ni en el pueblo instituciones gratuitas que permitan la atención necesaria para estas personas, y en los lugares donde los hay, son inaccesible por su costo, que es el de los más alto en el campo médico de la rehabilitación integral, porque demanda atenciones especiales a patologías, como el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, campo en los cuales ha habido para su tratamiento toda una revolución terapéutica en el mundo y en Colombia.

El Estado no está convencido que salen menos costosos que el resto de ciudadano: No van a la universidad, un porcentaje pequeño cursa secundaria, casi ninguno termina la educación primaria. No se convierten en delincuentes, luego no se necesitan jueces, ni cárceles para administrarle justicia; son pacíficos, tolerantes entonces no hay que invertirles en programas de seguridad ciudadana; le dejan los cupos escolares a los mejores dotados porque los rechazan en las escuelas.

El estado tiene normas y profundizando en nuevas leyes podría garantizar estos derechos, pero su acción es casi inane, de son ser por los jueces, que entendiendo la problemática, viabilizan la atención otorgando el derecho a conseguir superiores condiciones de vida mediante la acción de tutela. A ellos llegan las madres, después de repetir el circuito EPS –medico-EPS –IPS cuantas veces se les antoja a los auditores, o al gerente, o a la recepcionista.

Cuando las señoras se abanican con los folios de los fallos, creyendo haber conquistado el mundo para sus protegidos, saltan los funcionarios de las EPS, quienes han tenido la oportunidad procesal para defender sus intereses, a interpretar a su libre albedrío las sentencias sin estar facultados para ellos, y mucho menos a discutir lo contenido en esas providencias, por muy auditores, gerentes o juristas que sean.

Otra vez al circuito del trámite administrativo se activa, las madres regresan al poder judicial a pelear en un proceso de desacato por el arresto del representante legal como mecanismo de presión, teniendo que denunciarlos penalmente por fraude a resolución judicial, para ver satisfecha su aspiración la que no siempre consiguen después de una titánica lucha.
rafaelcastillopacheco@hotmail.com