EL TEMA DE LA CONTRALORIA NOS LLEVA AL ASUNTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACION DISTRITAL

Por: RAFAEL CASTILLO PACHECO
Lo que se podría concluir luego de conocer el informa del Señor Auditor General sobre el desempeño de la Contraloría Distrital de Barranquilla, es que el esfuerzo de esa entidad ha estado volcado, sin resultados tangibles, en mayor grado hacía el fortalecimiento institucional, a la postre infructuoso, más que hacía el control fiscal que debe ejercer sobre las entidades de su competencia.

Los ciudadanos esperaríamos que en un volumen de hallazgos administrativos como los 52 que se identificaron, deberían ser encontrados de diversa índole en proporción igual o superior pero por el Contralor sobre las dependencias oficiales del Distrito que controla, si existiesen razones objetivas para ello. Eso debería ser lo usual y lo correcto de las cosas. El cazador ha terminado cazado, porque si alguna fortaleza debería distinguir a una Contraloría es su capacidad técnica para acompañar y evaluar planes de mejoramiento de los entes que vigila, asunto que está ausente en la de Barranquilla, por lo menos eso es lo que exhibe un nivel de ejecución tan bajo de su Plan presentado a la Auditoria con una reducción en más de 20 puntos al comparar 2008 contra 2007.

Los planes de mejoramientos surgen de los hallazgos realizados en las inspecciones a las cuentas de las entidades controladas, y son ellas las que deben elaborarlo para la aprobación de las Contralorías. El elemento distintivo del Plan debe ser el de eliminar que se repitan todos los factores de riesgos que generaron los hallazgos y buscan la mejora continua de las entidades para que se orienten hacia los fines misionales. Si las estrategias, las actividades, los tiempos, los costos, logros e indicadores de un plan de mejoramiento no están evaluados por expertos en las temáticas públicas, difícilmente van a tener una traducción que satisfaga el interés de extirpar el riesgo de reincidir en el hallazgo. Por tanto, en términos castizos si el Plan de mejoramiento de la Contraloría acusa déficit en su ejecución, uno podría pensar que hay problemas de idoneidad en el recursos técnico y humano que tiene el organismo para enfrentar el tema, que deberían se materia de evaluación por parte del Concejo, porque se estaría replicando un modelo nada ortodoxo con las entidades que se vigilan, lo que dificultaría el control político

No quisiera esperar una nueva audiencia del Auditor para conocer los anuncios de cambios que el Doctor Iglesias ha proclamado. Serán sus actuaciones inmediatas las que nos traerán tranquilidad, si está interesado en cambiar la imagen de la entidad . Una Contraloría calificada con 2.8 sobre 5 no nos da el sosiego suficiente a los Barranquilleros sobre la manera como la actual administración del Distrito de Barranquilla, está manejando los recursos públicos, aunque creamos en la probidad de buena parte de los funcionarios, encabezados por el Alcalde. No son suficientes los testimonios de los funcionarios sobre el buen hacer del gasto público, por eso son importantes los roles que juegan los organismos de control

Ninguna entidad puede mantenerse al margen del controEl tema de la transparencia ha sido una consigna del Alcalde Char, y como tal debería preocuparle la suerte de la Contraloría. En primer lugar porque ese tema de la deuda del organismo que en un 86% estarían cargo del Distrito, podría también estar entreteniendo al Contralor alejándolo de sus funciones cruciales, y restándole independencia. En segundo lugar, si el tema de la lucha contra la corrupción se hace de forma sistémica al interior de todo el Distrito, podría influir al interior de su partido y de su bancada en el Concejo (incluyo los concejales que lo respaldan) para que la contraloría recupere toda su capacidad técnica y su condición de órgano autónomo e independiente como lo señala la carta política.

El tema es de fondo, es que la ciudad necesita una refundada Contraloría para hacer un buen y robusto control fiscal que estudie los estados financieros, determine la juridicidad de las operaciones del Gobierno, que mida su gestión por resultados, a la luz de las mejores prácticas mida la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas y audite las cuentas de la administración. Creo que el 7 lugar de la Contraloría Departamental, y no el último de la de Soledad debería animar el devenir del organismo de control fiscal de Barranquilla
Ninguna entidad puede mantenerse al margen del control fiscal, y todas las entidades deben rendir cuentas a la sociedad, como principio garante de la democracia participativa

LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTAN EN UNA SERIA CRISIS, QUE DIFICILEMENTE PODRAN ATENDER SUS DESAFIOS

El día Sábado en el diario El Tiempo, la Señora Ministra de Educación publicó un artículo sobre el tema de la financiación de la educación pública superior, exhortando a esta entidades a proponer alternativas sobre el tema con la intención de plantear una reforma. El asunto central es la falta de recursos, como lo han sabido explicar los Rectores de las universidades más prestantes del país con Moisés Wasserman a la cabeza, que se han sustentado con un estudio sencillo pero acucioso, que no ha sido descalificado ni tampoco controvertido por el Gobierno sobre los factores que han golpeado las finanzas de las universidades públicas y que deberían ser los ejes temáticos de la iniciativa reformista. Brevemente, me atrevo a simplificar lo planteado por las Universidades, de la siguiente manera:

1. En el artículo 86 de la ley 30 de 1.992 se define la base de cálculo de los aportes del Estado central hacía las universidades, señalando que estos crecerán de acuerdo con el Índice de inflación. Desde entonces las universidades, 16 años después, han visto un crecimiento vegetativo de sus recursos que siquiera alcanza para cubrir la nómina, pero que no incluyen otras inversiones y gastos
2. Las universidades han hecho una serie de reformas de orden espacial, curricular, fortaleciendo sus programas con la adquisición de tecnologías y equipos con sus recursos
3. Orientar la Universidad pública hacía procesos de acreditación, como demanda la Ley 30 de 1992, ha traído consigo una presión financiera enorme, que no se discute su gran valía académica, pero que ocasionan el comprometimiento de recursos.
4. Los aporte patronales por pensiones, se han incrementado de forma ostensible en tres puntos desde 2.003 hasta hoy que llega a ser del 12% de la nomina..
5. El pago de incentivos para los profesores (Decreto 1444 de 1.992 y hoy el decreto 1279 de 2002 que adelantan investigaciones (crecieron entre 2003 y 2007 en un 11%), publicaciones ; la promoción de la la educación pos gradual y el reconocimiento de los títulos . Los docentes con doctorados se incrementaron en un 47% al pasar de 835 en el 2003 a 1232 en el 2.007.
6. Se reconoce el esfuerzo en cobertura, pero el Gobierno no sabe cuánto se ha invertido en la diversificación de programas, la contratación de nuevos docentes, matriculas de bajo costo, con planes de becas y subsidios alimentarios que pagan las instituciones de sus propios recursos.
7. Los aportes al ICFES que equivalen al 2% de las transferencias recibidas para actividades de control y vigilancia, y el porcentaje de concurrencia que vienen asumiendo para el pago de las pensiones

En síntesis, los costos calculados por las universidades, sobrepasan los 460 mil millones de pesos en estos 16 años, y la respuesta dada por el gobierno para el presupuesto del año 2.010 es la de entregar 160 mil millones. Pero no todo va para las universidades, porque 72 mil millones se repartirán el ICFES ( para financiar matriculas en universidades privadas) y COLCIENCIAS, 18 mil de reposición por descuentos del 10% en la matricula por ejercer los estudiantes el derecho al voto, entretanto 70 mil millones se distribuirán en 32 universidades. A como saldrán?. Para acceder a los recursos de COLCIENCIAS, además, las universidades tienen que hacer inversiones previas y adicionar un monto por contrapartida.

Lo que pedían los Rectores Wasserman y Uribe de la Universidades Nacional y Antioquia, que no se quedan callados ni pasan de bajo perfil, no era otra cosa que reconocer por una sola vez esos factores con un incremento de 5.5 por encima de la inflación . Pero lo que si debe quedar claro, es que es el gobierno, quien debe definir de donde van a salir los dineros. No subestimo el esfuerzo a nivel de rentas propias que debe hacerse, pero, no se puede trasladar esa carga costosa de la educación de alta calidad a una Universidad como la Del Atlántico que genera menos del 8% del total de sus ingresos. Reconocer que las Universidades están en crisis, es el principio para hacer unos cambios profundos a su interior, cosa que no ocurrirá si se niegan o no se asumen con autocritica y sensatez. Moisés Wasserman reconoce la crisis de su Universidad para atender las cargas que están generando 150 mil millones para su proceso de modernización tecnológica, pero el Presidente Uribe dice que la Universidad del Atlántico ya salió al otro lado, a pesar de que acumulara un déficit de 8.500 millones y dejará de pagar 34 mil millones de pesos de Ley 550 en la vigencia del año 2.009
rafalecastillopacheco@hotmail.com

SE IMPONE LA ELIMINACION DE LA ZONIFICACION ELECTORAL POR INNECESARIA

POR. RAFAEL CASTILLO PACHECO
Qué sentido tiene realizar de manera transparente un proceso que no se necesita? Sobre un discurso mitad verdad y mitad mentira con rostro de axioma, ha hecho carrera la doctrina promovida desde los poderes centrales, que el Estado es un pésimo administrador, que ejecuta sus funciones ineficientemente, que realiza muchos procesos innecesarios y con un ingrediente que en buena medida sus organizaciones están imbuidas por el germen de la corrupción. Sobre ese paradigma se desaparecen, se privatizan y se reestructuran entidades, porque la dinámica de su desarrollo distorsiona los fines del Estado y comprometen sus valores misionales

En ese interregno, se han introducido técnicas de administración privada, para que el Estado pueda hacer Benchmarking, es decir asimilar o seguir modelos de vanguardia de esa esfera para dinamizarse, para hacerlo más eficiente y accesible a los ciudadanos, proclaman. Así vemos programas de mejoramiento continuo, de reingeniería, y los análisis de coste beneficio convertido de cierto tiempo para acá en normas como los Planes de Mejoramiento y de Desarrollo, Modelos Estándar de Control Interno y el cumplimiento de normas de calidad. El estribillo coreado es orientar las organizaciones hacía los procesos, porque este enfoque permite establecer cuáles son los productos o resultados que se generan, con que actores se ejecuta, cual es el nivel de responsabilidad y empoderamiento de los participantes, y sobre todo porque permiten su evaluación permanente y sus acciones de mejoras, cuando los indicadores se rebasan o no se alcanza.

¿Adquirir un know how en una actividad costosa y decadente como la Zonificación, beneficia realmente al Estado en el cumplimiento de sus fines misionales? ¿Habrá algo tan inocuo e innecesario en el conjunto de todos los procesos que debe cumplir el Estado colombiano, como es el de zonificar a los ciudadanos? ¿Cuáles son los valores que agrega al proceso eleccionario Colombiano que cada cierto tiempo se abra un periodo, para que los ciudadanos se incomoden, registrando una cedula en lugares diferentes a su residencia? ¿No desvirtúa este evento el espiritu democrático que la gente pueda votar cerca su lugar de residencia? ¿Por que se empecinan en hacer bien, sin lograrlo por los intereses que están en juego, un registro adicional de ciudadanos que no se necesita? ¿Cuáles son las evaluaciones que se han hecho desde el congreso, desde las altas cumbres del Estado a este proceso, que contamina la voluntad ciudadana, y que no le agrega valor al proceso de elegir y de ser elegidos, y que por el contrario lo vicia? ¿Valdría la pena trabajar sobre acciones de mejoras, de un proceso cuyo indicador de productividad se mide por el número de inscritos, asunto que hoy es materia de cuestionamiento, porque en buena parte predice quienes serán los elegidos? ¿Por qué no aprendemos de esas técnicas de mejoramiento, que los procesos insulsos, se eliminan y de esa manera a los que lo vuelven prolijos y lo enturbian? ¿Será qué la lógica empresarial no se invoca para sostener la lógica dominante de empresas electoreras?

Para sustentar lo dicho, basta mirar a vuelo de pájaro, lo que ocurre con el tema en países como Argentina y Uruguay. En Argentina, por ejemplo, con una antelación de dos meses, se publica lo que se llama el Padrón Electoral, que es el mismo Censo Electoral de Colombia. Allí los ciudadanos observan si los datos importantes como nombres, direcciones, fallecidos y solicitudes de de alta se encuentran debidamente diligenciado. En caso contrario tienen un término de 15 días para modificarlo, proceso que pueden adelantar por correo. En ese padrón está fijado el lugar donde debe votar muy cerca a su residencia. Si registra un cambio de domicilio, debe comunicarlo con anticipación ante el organismo correspondiente. En Uruguay, antes de cada elección se produce una renovación del padrón para los electores nuevos que adquieren la ciudadanía, y son ellos solamente los que deben registrarse.

En síntesis, el censo electoral depurado se podrá actualizar en cada periodo preelectoral incluyendo a los jóvenes y excluyendo a los fallecidos, interdictos y los hayan perdido los derechos políticos, pero nunca acudiendo a un proceso prolijo, desgastante, costoso, innecesario, que enturbia el proceso electoral, como el que se realiza en Colombia. Aquí el tema, no es que se elimine la actual zonificación realizada, sino porque tenemos que realizarla si no se necesita. El problema no es fortalecer la vigilancia, ni de conseguir los funcionarios mas pulcros, ni quejarse de los políticos que aúpan estas prácticas como de los electores que contemporizan con eso dirigentes. La decisión tiene que ser eliminar ese proceso de Zonificación porque los ciudadanos no pueden seguir financiando los mecanismos toritceros de control que la politiquería ejerce sobre sus huestes clientelares.
rafaelcastillopacheco@hotmail.com