SE IMPONE LA ELIMINACION DE LA ZONIFICACION ELECTORAL POR INNECESARIA

POR. RAFAEL CASTILLO PACHECO
Qué sentido tiene realizar de manera transparente un proceso que no se necesita? Sobre un discurso mitad verdad y mitad mentira con rostro de axioma, ha hecho carrera la doctrina promovida desde los poderes centrales, que el Estado es un pésimo administrador, que ejecuta sus funciones ineficientemente, que realiza muchos procesos innecesarios y con un ingrediente que en buena medida sus organizaciones están imbuidas por el germen de la corrupción. Sobre ese paradigma se desaparecen, se privatizan y se reestructuran entidades, porque la dinámica de su desarrollo distorsiona los fines del Estado y comprometen sus valores misionales

En ese interregno, se han introducido técnicas de administración privada, para que el Estado pueda hacer Benchmarking, es decir asimilar o seguir modelos de vanguardia de esa esfera para dinamizarse, para hacerlo más eficiente y accesible a los ciudadanos, proclaman. Así vemos programas de mejoramiento continuo, de reingeniería, y los análisis de coste beneficio convertido de cierto tiempo para acá en normas como los Planes de Mejoramiento y de Desarrollo, Modelos Estándar de Control Interno y el cumplimiento de normas de calidad. El estribillo coreado es orientar las organizaciones hacía los procesos, porque este enfoque permite establecer cuáles son los productos o resultados que se generan, con que actores se ejecuta, cual es el nivel de responsabilidad y empoderamiento de los participantes, y sobre todo porque permiten su evaluación permanente y sus acciones de mejoras, cuando los indicadores se rebasan o no se alcanza.

¿Adquirir un know how en una actividad costosa y decadente como la Zonificación, beneficia realmente al Estado en el cumplimiento de sus fines misionales? ¿Habrá algo tan inocuo e innecesario en el conjunto de todos los procesos que debe cumplir el Estado colombiano, como es el de zonificar a los ciudadanos? ¿Cuáles son los valores que agrega al proceso eleccionario Colombiano que cada cierto tiempo se abra un periodo, para que los ciudadanos se incomoden, registrando una cedula en lugares diferentes a su residencia? ¿No desvirtúa este evento el espiritu democrático que la gente pueda votar cerca su lugar de residencia? ¿Por que se empecinan en hacer bien, sin lograrlo por los intereses que están en juego, un registro adicional de ciudadanos que no se necesita? ¿Cuáles son las evaluaciones que se han hecho desde el congreso, desde las altas cumbres del Estado a este proceso, que contamina la voluntad ciudadana, y que no le agrega valor al proceso de elegir y de ser elegidos, y que por el contrario lo vicia? ¿Valdría la pena trabajar sobre acciones de mejoras, de un proceso cuyo indicador de productividad se mide por el número de inscritos, asunto que hoy es materia de cuestionamiento, porque en buena parte predice quienes serán los elegidos? ¿Por qué no aprendemos de esas técnicas de mejoramiento, que los procesos insulsos, se eliminan y de esa manera a los que lo vuelven prolijos y lo enturbian? ¿Será qué la lógica empresarial no se invoca para sostener la lógica dominante de empresas electoreras?

Para sustentar lo dicho, basta mirar a vuelo de pájaro, lo que ocurre con el tema en países como Argentina y Uruguay. En Argentina, por ejemplo, con una antelación de dos meses, se publica lo que se llama el Padrón Electoral, que es el mismo Censo Electoral de Colombia. Allí los ciudadanos observan si los datos importantes como nombres, direcciones, fallecidos y solicitudes de de alta se encuentran debidamente diligenciado. En caso contrario tienen un término de 15 días para modificarlo, proceso que pueden adelantar por correo. En ese padrón está fijado el lugar donde debe votar muy cerca a su residencia. Si registra un cambio de domicilio, debe comunicarlo con anticipación ante el organismo correspondiente. En Uruguay, antes de cada elección se produce una renovación del padrón para los electores nuevos que adquieren la ciudadanía, y son ellos solamente los que deben registrarse.

En síntesis, el censo electoral depurado se podrá actualizar en cada periodo preelectoral incluyendo a los jóvenes y excluyendo a los fallecidos, interdictos y los hayan perdido los derechos políticos, pero nunca acudiendo a un proceso prolijo, desgastante, costoso, innecesario, que enturbia el proceso electoral, como el que se realiza en Colombia. Aquí el tema, no es que se elimine la actual zonificación realizada, sino porque tenemos que realizarla si no se necesita. El problema no es fortalecer la vigilancia, ni de conseguir los funcionarios mas pulcros, ni quejarse de los políticos que aúpan estas prácticas como de los electores que contemporizan con eso dirigentes. La decisión tiene que ser eliminar ese proceso de Zonificación porque los ciudadanos no pueden seguir financiando los mecanismos toritceros de control que la politiquería ejerce sobre sus huestes clientelares.
rafaelcastillopacheco@hotmail.com